"Imputabilidad en menores de edad"

La inseguridad social en todo su contenido, dan una muestra de una Argentina vacía de salud patriótica, el caso del señor Daniel Capristo que fue asesinado a sangre fría delante de sus dos hijos por un menor de 14 años de edad que intentó robar un auto en la puerta de su casa de Valentín Alsina, derivó en furia vecinal y una impugnación al Gobierno, a la Policía y a la Justicia. Un día después de haber mandado al hospital a un fiscal y golpeado a un grupo de policías y a un funcionario municipal –además de destrozar dos patrulleros–, los vecinos y familiares de la víctima pidieron la pena de muerte a los gritos. Este hecho hizo que los vecinos desataran una marcha de la bronca, y para pedir justicia y que se baje de una vez la edad de imputabilidad.


¿Qué es la justicia penal adolescente?
La justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Ahora bien, lo que verdaderamente caracteriza al derecho penal de adolescentes es la finalidad educativa y sancionadora de la pena, lo que, en primer lugar, permite la reparación del daño causado en cualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y, en segundo, aconseja la menor restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo la privación de libertad el último recurso y sólo para infracciones muy graves.

¿Por qué los adolescentes deben tener derecho a una justicia especializada?
La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada, flexible y diversa, para juzgar a las personas menores de 18 años. Su razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se intervine a tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a la de los delincuentes mayores de edad. La psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación.

¿Cuál es la finalidad de la justicia penal adolescente?
Podemos enumerar al menos cuatro finalidades por orden de importancia:
1) Administrar justicia de forma democrática.
2) Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal.
3) Promover su integración social.
4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.

¿Por qué se fija una edad mínima de responsabilidad penal adolescente?
Aunque las Reglas de Beijing dejan libertad a los Estados a la hora de fijar las edades mínimas y máxima de responsabilidad penal, la franja de edad a partir de la cual se considera al adolescente responsable oscila en el derecho comparado entre los 12 y los 14 años al entender que es a partir de esa edad cuando comienza a cristalizarse la adquisición de responsabilidad y la capacidad de raciocinio, y se extiende hasta los 17 años. Por debajo de esas edades los niños que cometen infracciones quedan sujetos al control de su familia o de las instituciones civiles de protección, mientras que las personas mayores de 18 años pasan a ser juzgadas y sentenciadas de conformidad con los Códigos Penales. La imputabilidad atribuida a los adolescentes debe corresponder a la capacidad de autonomía y al ejercicio de derechos que se les reconoce en la sociedad. Así, por ejemplo, el establecimiento de una edad para votar o ser electo(a) para cargos de representación popular, para obtener una licencia de conducir, o para la compra de bebidas alcohólicas, etc. son expresiones del reconocimiento social acerca de cuándo una persona está lo suficientemente madura para tomar decisiones con plena responsabilidad, lo que ocurre por lo general a partir de los 18 años.

¿Qué diferencia existe entre el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente?
La diferencia radica en que en la justicia penal adolescente prima por encima de toda la educación y la reinserción social del infractor, lo que obliga a establecer procesos rápidos y ágiles y a disponer de un amplio abanico de medidas socio-educativas que permitan cumplir con esa finalidad. La justicia penal adolescente establece una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de pena de muerte y el encarcelamiento de por vida. La detención y encarcelamiento de un adolescente debe ser utilizada como el último recurso para delitos graves, y siempre por el menor tiempo posible. Otras de las singularidades frente al proceso penal de adultos, son la posibilidad de no iniciar el procesamiento, suspenderlo o resolverlo anticipadamente si se estima que puede causar al menor de edad un perjuicio mayor que el que él causó; la posibilidad de participar en un programa de mediación para reparar el daño o conciliarse con la víctima; la exclusión de la publicidad de juicio oral; la confidencialidad respecto a la identidad del adolescente; la intervención de los padres o sus representantes; la inclusión de estudios psico-sociales que orienten al Juez a la hora de determinar la medida a imponer dentro del marco de la legalidad, o la corta duración e improrrogabilidad de la prisión.


Aquí tenemos la opinión de una señora sobre las situaciones por las cuales está pasando nuestro país: “Aquí no se roba solamente: además se mata, se tortura, se secuestra. Son muchos los casos. Es de todos los días.Las víctimas no tienen derechos, ni siquiera a esperar protección de los gobernantes.En tal sentido, pareciera poca la autoridad moral que tienen quienes viven rodeados de escoltas y vigiladores día y noche, para dar peroratas sobre la “sensación” de inseguridad.Soy una persona que ha vivido otras épocas del país – algunas de triste recuerdo - y hoy observo una situación distinta a la que supe vivir en mi niñez, adolescencia y juventud.También –me duele reconocerlo – la ausencia del servicio militar obligatorio. Cuando se dictó la ley 24429, que lo dejaba sin efecto, me alegré.Como madre, porque se evitaría una conscripción forzosa de jóvenes que podrían ser objeto de tratamiento ominoso (caso del soldado Carrasco), y porque irían a la guerra sólo quienes estaban preparados para ello por su formación (me dolía el recuerdo de nuestros compatriotas, casi niños, muertos en y por Malvinas).Como ciudadana, creía sinceramente que eso evitaría el quiebre del orden constitucional, provocado siempre por fuerzas armadas que disponían de equipamiento suficiente y soldados obedientes.Hoy creo que estaba equivocada. No pude ver la otra cara de la realidad.La formación militar era una manera de educar al argentino más indigente, de los puntos más remotos del país. Era una forma de ayudarlo con vestimenta y alimento, una manera de socializar para que compartan ejercicios, techo y comida todos los jóvenes ciudadanos, desde el más humilde al más pudiente. Una manera de integrar a todos los compatriotas. Una forma- tal vez- de arrancarlos del circuito del consumo de drogas".






Emmanuel Carluccio, Maximiliano Rozen, Pablo Paz, Lucas Mansilla, Johanna Dextre, Gabriela Sanhueso, Sebastián Romano y Jéssica Lemus.

sábado, 18 de abril de 2009